Guardar Pocas personas tienen tanta experiencia en legislación ambiental en Euskadi como José Antonio Armolea Solabarrieta, letrado de la sociedad pública Ihobe. Aparte de su día a día, ha dedicado varios años a elaborar una tesis doctoral titulada ‘El régimen jurídico de la Prevención y el Control integrados de la Contaminación’, donde ofrece pautas sobre cómo propiciar los acuerdos entre empresas y Administración, siempre útiles y beneficiosos para el cumplimiento de la normativa. Su trabajo ha merecido el Premio Pedrol i Rius a la mejor tesis doctoral en derecho local.PREGUNTA. ¿Cómo explicaría para un público no especializado en qué consiste su premiada tesis doctoral?RESPUESTA. La tesis se centra en la normativa sobre la prevención y el control integrados de la contaminación, considerada la más exigente que existe para las actividades económicas, incluidas las industriales de gran impacto en el aire, en el agua y en el suelo. Estamos hablando de alrededor 300 actividades en Euskadi, conocidas en la Unión Europea como IPPC.P. Potencialmente contaminantes, ¿verdad?R. Eso es. Mi idea era ver de qué forma podríamos, desde el derecho, facilitar el cumplimiento de algunas de esas obligaciones. Porque uno de los problemas que tienen las actividades muchas veces es que, como las normativas son muy estrictas, se puede tender a no cumplirlas o a cumplirlas en plazos más largos. Parto de una idea que practicamos en el Gobierno Vasco e Ihobe: hace ya bastantes años pusimos en marcha una línea de acuerdos voluntarios con las empresas IPPC para facilitar el cumplimiento de esas exigencias.P. Cuando habla de “instrumentos voluntarios de tutela ambiental”, ¿a cuáles se refiere?R. Estudié qué instrumentos voluntarios hay en la normativa que se podían utilizar. Analicé tres tipos de instrumentos: EMAS, esto es, el sistema europeo de gestión ambiental voluntario que tienen las empresas; el sistema de etiqueta ecológica europea; y los acuerdos en materia de medio ambiente entre los titulares de las actividades económicas y la Administración. De esos tres, me quedé con dos, porque la etiqueta vi que no tenía potencialidad para la tesis. En relación con los acuerdos, había que identificar, primero, qué cuestiones son susceptibles de ser acordadas. Y luego, detectar qué partes de la ley podrían ser objeto de acuerdo, para que haya seguridad jurídica. También busqué lo que se hace en otras comunidades, en otros países… Esto mismo se podría hacer con otras normativas.“De lo que se trata es de crear una relación de confianza entre la empresa y la Administración” P. Una idea para futuras tesis… ¿Cuánto tiempo le ha llevado hacerla?R. Bastante. También es cierto que empecé en un momento con mucho entusiasmo, pero luego el día a día, la familia, el trabajo… Han sido años, aunque algunos no escribí nada. Era un gran peso y estuve a punto de dejarlo. Al final mi familia me animó, y el último año me metí de lleno. Lo presenté pocos días antes de que se cumpliera el plazo de la prórroga.P. ¿Por qué recomienda, sobre todo a las empresas, utilizar esos instrumentos?R. En realidad, las empresas y administraciones utilizamos en el día a día estos instrumentos. Es decir, cuando hay que cumplir una exigencia ambiental, las empresas hablan con la Administración y a veces se llega a acuerdos, cuando es posible y la legislación te da margen. Hablar con la Administración facilita las cosas a las empresas. No solo les exige licencias, autorizaciones y les pone sanciones, sino que también las escucha y les da vías para cumplir con la normativa. Lo que digo es: si ya lo estamos haciendo, hagámoslo con rigor jurídico. Para las empresas es positivo. Aunque no es una relación tú a tú, porque la Administración siempre es la garante de que se cumpla con la normativa. No hay que confundir un grado de confianza con que aquí vale todo. Pero el hecho de oír a la empresa y que la empresa se sienta oída con sus problemas, con sus dificultades, es útil para las empresas y para la propia Administración. Y de nada sirve aprobar leyes que no se cumplen.P. ¿Y la Administración tiene margen para la flexibilidad?R. Claro, hay que buscar esa flexibilidad. La normativa, según en qué circunstancias, puede permitir periodos de adaptación para el cumplimiento. Cuando encuentras margen de discrecionalidad, hay que aprovecharlo, pero jurídica y técnicamente controlado.P. ¿Esa vía voluntaria supone un ahorro de costes y esfuerzos?R. Tal vez en cuanto al tiempo. Si la normativa permite que una medida correctora, en vez de en un año, se pueda hacer en cuatro, eso a la empresa le da margen. Sí se puede ahorrar algún trámite administrativo o control. De lo que se trata es de crear una relación de confianza entre la empresa y la Administración. Si confío en ti, puedes verte beneficiado en algunos plazos, etc. Tenemos un caso concreto en la normativa vasca en materia de residuos de construcción y demolición. Las empresas tienen que presentar una fianza para garantizar que van a gestionar bien los residuos, y si no es así el ayuntamiento ejecuta la fianza. Para las empresas EMAS la normativa dice que no es necesaria la fianza porque la Administración entiende que, como están en un sistema de gestión ambiental, harán las cosas bien. Eso supone ahorro de costes para la empresa y supone una relación más fluida.“Somos referentes a nivel europeo porque hemos trabajado mucho para introducir en nuestra legislación beneficios administrativos que animan a las organizaciones para la mejora ambiental”P. ¿Cómo se crea esa relación de confianza? Al principio no será fácil.R. Claro, hay que construirla. Primero hay que informar mucho, y formar sobre la normativa. Hay que sensibilizar. Trabajamos con asociaciones, como Aclima, y debemos ser proactivos para que haya empresas que se adhieran, sobre todo al sistema EMAS. El resultado en Euskadi es bueno si nos comparamos con otras Comunidades Autónomas y Estados de la Unión Europea. Nosotros tenemos 200 organizaciones en EMAS, más que países como Francia, Bélgica, Holanda…P. ¿Proporcionalmente o en números absolutos?R. En número absolutos, Euskadi tiene más que otros países porque allí no apuestan tanto por este sistema EMAS, que es de ámbito europeo y se distingue porque interviene la Administración y garantiza una transparencia que ISO 14001 no otorga. La organización que recibe ese certificado es porque cumple la legislación. Es un sistema transparente, estamos haciendo un esfuerzo importante para que las empresas crean en ese sistema, porque es un medio para la mejora ambiental. En este sentido, estamos siendo referentes a nivel europeo porque hemos trabajado mucho para introducir en nuestra legislación beneficios administrativos que animan a las organizaciones para la mejora ambiental. En Euskadi hablamos mucho con las empresas. Hay margen para mejorar, pero tenemos muchos lugares de encuentro.P. ¿Qué mueve más al cumplimiento de la normativa ambiental: el temor a posibles sanciones o la verdadera conciencia ambiental?R. Sin perjuicio de la aplicación de sanciones cuando es preciso, a las empresas lo que les mueve es la competitividad. La que no está en la senda de la sostenibilidad, la economía circular o la transición energética, se queda fuera. También hay más grado de concienciación en la ciudadanía. P. ¿Dónde están los principales obstáculos para conseguir esos acuerdos entre las dos partes?R. Las empresas se quejan, y es cierto, de la cantidad de legislación y de burocracia. Ahora el Gobierno está preparando una ley de reducción de la burocracia. Y en Euskadi aprobamos en 2021 la Ley de Administración Ambiental, donde uno de los objetivos fundamentales es la reducción de la tramitación administrativa y la simplificación. Y creo que hemos dado pasos muy importantes. Hemos unificado los procedimientos administrativos. Ahora, en todas las actividades con impacto ambiental de Euskadi, todas las autorizaciones y todos los requisitos se pueden gestionar con una única autorización, en un solo procedimiento.P. ¿Dónde está en estos momentos el mayor margen de mejora?R. Claro que lo hay. La normativa europea exige estándares de calidad elevados. Y en Euskadi también. Un ejemplo de esto sería la legislación que tenemos en suelos contaminados en esta Comunidad Autónoma. Somos muy exigentes en materia ambiental, y lo seguiremos siendo. En cuanto a la tramitación, hay campo de mejora. Es imprescindible simplificar los procedimientos administrativos sin renunciar al mantenimiento de esos estándares de calidad.P. Para terminar, ¿qué papel desempeña Ihobe en este terreno?R. Tiene un recorrido importante como agente facilitador. Y hacemos mucha sensibilización y divulgación. Disponer de información, guías, etcétera, ayuda a que se cumpla la legislación. Creo que estamos reconocidos en Euskadi y fuera también como una organización que trabaja con rigor técnico y jurídico. Anterior Siguiente
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