La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha presentado hoy el paquete de actuaciones para darle un giro completo al modelo de tratamiento de los residuos no peligrosos que se generan en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, con el horizonte puesto en el año 2030 y dos objetivos clave: por un lado, reducir notablemente el volumen de vertido de estos residuos, hasta que en 2030 se sitúe en el 15% del total generado; y garantizar que a partir del año 2024 las instalaciones autorizadas tengan capacidad suficiente para recibir el vertido generado en Euskadi, sin necesidad de llevarlo fuera del territorio.

Las medidas previstas garantizarán la autosuficiencia en la gestión de residuos a partir de 2024 y reforzarán el control de la Administración en la actividad de los vertederos

Estos objetivos están fijados en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030, aprobado a finales de 2021; una de las 10 actuaciones clave establecidas en el Plan es garantizar la autosuficiencia de vertido de Euskadi hasta 2030, en paralelo a la minimización del vertido y el adecuado cierre o clausura de los vertederos existentes al final de su vida útil.

Según se recoge en la hoja de ruta presentada hoy, durante los próximos años, los ocho vertederos que se prevé vayan a recibir residuos no peligrosos son: Gardelegi, en Araba; Epele y Aizmendi, en Gipuzkoa; e Igorre, Bistibieta, Betearte, Zalla y la futura restauración ambiental de Artxanda, en Bizkaia. Con las ampliaciones previstas de las instalaciones de vertido de Igorre, Bistibieta y Betearte, la reapertura de Epele y la restauración de Artxanda, se incrementaría la capacidad de vertido en 4,7 Millones de toneladas, cantidad suficiente para hacer frente a las necesidades de vertido previstas en el Plan de prevención y gestión hasta 2030. En caso de no construirse las plantas de valorización de residuos previstas en el plan de residuos, que suponen una reducción del volumen de vertido, la administración se vería obligada a autorizar nuevos vertederos o la ampliación de los existentes.

Para la consecución de los objetivos establecidos en esta hoja de ruta se prevén algunas actuaciones concretas que ya están dando resultados, puesto que el vertido se está reduciendo por debajo de lo previsto inicialmente cuando se diseñó el Plan de Prevención y Gestión de Residuos. Una de esas medidas ya ejecutada es la orden de limitación de vertido, aprobada en 2020, que prohíbe llevar a vertedero determinados residuos, como residuos de demolición y construcción o escorias de acería, obligando a su traslado a plantas de tratamiento y reciclaje.

A esto se suman otras actuaciones puestas en marcha como las ayudas a proyectos de reciclaje y valorización, y la aprobación en los próximos años de hasta 10 nuevos decretos que abren nuevos usos a los materiales secundarios y prohíben su vertido.

Otra medida que se implementará a partir del año 2024 es el canon de vertido. El 1 de enero de 2023, entrará en vigor el canon estatal de vertido para los residuos no peligrosos, fijado en 10 euros por tonelada. En Euskadi, tomando como base estudios de las mejores prácticas europeas, se ha elaborado una propuesta técnica que plantea subir dicha tasa progresivamente para llegar a 20 euros por tonelada en 2025 y, ese mismo año, revisar esta cifra en función de los resultados obtenidos.

Por último, la hoja de ruta incluye una posible nueva infraestructura para la valorización de residuos y tierras que no tengan una solución inmediata alternativa al vertedero, como tierras de excavación y otros residuos áridos. Con esta infraestructura se podrían almacenar y adecuar para otros usos los materiales secundarios provenientes de estos residuos, evitando así que se lleven a vertedero.

Para llevar a efecto estas actuaciones el plan contempla, asimismo, reforzar la implicación de la administración pública en el seguimiento de la actividad de los vertederos, así como una participación directa de la Administración ambiental vasca en la gestión de aquellas instalaciones que se amplíen temporalmente para dar cabida a los residuos durante el periodo previsto para la progresiva reducción del vertido.

Asimismo, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente tiene previsto incrementar el personal de inspección y sanción para 2025, de modo que se realicen inspecciones anuales de los vertederos activos e inspecciones periódicas en vertederos inactivos.

Se establece, además, un límite máximo de vertido anual en cada instalación, en función de las características de cada tipo de instalación. Se realizarán revisiones de la Autorización Ambiental Integrada de todas las instalaciones de vertido con el fin de adecuarlas a la legislación vigente, y se incluirán mayores garantías financieras para el sellado y post-clausura.

Para todos los proyectos público-privados, se prevé un paquete de inversiones de más de 390 millones de euros.

Respuesta al déficit actual de la capacidad de vertido

El cierre de los vertederos de Larrabetzu, Mutiloa y Zaldibar ha generado un déficit de capacidad de vertido que está afectando en la actualidad al depósito de residuos no peligrosos, todavía hoy necesario. En este año 2022 este déficit puede ser cercano a las 400.000 toneladas.

No obstante, dado que el objetivo es la reducción drástica del vertido, esta situación temporal se resolverá mediante actuaciones también enmarcadas en un periodo de tiempo limitado. De esta forma, para dar respuesta a la necesidad de vertido en los próximos años, está previsto la ampliación de algunos vertederos, con objeto de dar cabida a los residuos necesarios y garantizar la autosuficiencia en esta materia. Las previsiones sitúan la necesidad de vertido en torno a 1.500.000 toneladas anuales hasta el año 2024, en 825.000 toneladas/año entre los años 2025 y 2026, para reducirse hasta las 450.000 toneladas/año en los dos siguientes años y terminar por situarse en 300.000 toneladas/año en 2029 y 2030.

Las medidas previstas para solventar el déficit de capacidad de vertido permitirán que a partir del año 2024 se pueda cumplir el principio de autosuficiencia y proximidad, garantizando la suficiencia de las instalaciones y evitar el traslado de residuos generados en la CAPV fuera del territorio. Desde el año 2020, Euskadi lleva fuera del territorio 100.000 toneladas anuales de residuos no peligrosos.

En los próximos años se adecuará la capacidad existente en los vertederos públicos o con participación pública hasta alcanzar un máximo de 12 millones de toneladas que garanticen la capacidad de vertido hasta 2040. Esto permitirá compensar el déficit actual y asegurar la autosuficiencia del territorio. No obstante, el plan contempla que, a partir de 2024, gracias a la aplicación de las medidas de reducción de vertido con la minimización en origen y el impulso del reciclaje y valorización de los residuos, se pueda iniciar una clausura progresiva, hasta el año 2030, de un total de 13 vertederos; cuatro de ellos son de residuos no peligrosos y quedarán clausurados en los años 2024.

Las clausuras irán acompañadas de trabajos de restauración y regeneración ambiental de esos espacios para integrarlos adecuadamente en el entorno. Actualmente todos los vertederos tienen un control por parte de la administración ambiental para un periodo de 30 años, durante el cual se vigilan las emisiones de gases, los lixiviados, las aguas subterráneas y superficiales, así como el asentamiento y desplazamiento del terreno. Todos los vertederos clausurados tienen un sistema de recuperación de gases. Además, los promotores deben adaptar el espacio para un adecuado uso posterior, según marca la ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Para hacer frente al actual déficit de capacidad de vertido los planes pasan por ampliaciones que sean necesarias en vertederos públicos o participados, la posible adaptación de los actuales vertederos de inertes para acoger residuos no peligrosos, así como ampliaciones puntuales menores de algunos vertederos privados.

Con ese mismo objetivo, se acometerá la restauración del vertedero de Artxanda que permitirá habilitar capacidad de vertido, en cuya gestión estará presente la Administración Ambiental del Gobierno Vasco, con objeto de extremar el control de su actividad. Esta es una instalación que dará respuesta a la necesidad de restauración de un vertedero antiguo, reacondicionando de manera segura residuos dispersados actualmente en el entorno. Se utilizará también para contribuir a resolver el actual problema de déficit de capacidad, sufragando la operación de restauración con los ingresos de la actividad en estos años, e integrar este espacio en el entorno, totalmente regenerado y con plenas garantías medioambientales.

Por otro lado, la ley estatal de residuos recientemente aprobada obliga a los municipios a inventariar la existencia de amianto en sus territorios para 2025 y a retirar los que tengan mayor riesgo para 2028. Por esta razón, y dado que no existe ninguna solución distinta del vertido controlado para esta categoría de residuos, será necesario establecer capacidad de vertido suficiente. Se determinarán celdas específicas, en vertederos concretos, que albergarán, en las condiciones adecuadas, residuos de fibrocemento estructural. Se tratará de espacios controlados de forma rigurosa para garantizar la seguridad de este residuo y la preservación del entorno en el que se deposite.