La nueva normativa se alinea con un panorama legislativo marcado por la denominada “Estrategia Europa 2020” de la Unión Europea, en la que la contratación pública desempeña un papel clave. Este sector se configura en la agenda de crecimiento y empleo en la Unión Europea como uno de los instrumentos elementales para que de forma estratégica se fomente un desarrollo inteligente, sostenible e integrador en la economía de la Unión, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.

En este contexto, la nueva legislación busca lograr una mayor transparencia, integridad y accesibilidad en la contratación pública, así como conseguir una mejor relación calidad-precio.

Para el cumplimiento de este último objetivo, la ley establece por primera vez la obligación de diseñar y aplicar unos criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad. Para ello, la normativa hace referencia a la inclusión de aspectos medioambientales, sociales e innovadores que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los equipamientos que se contraten y que al mismo tiempo, estén alineados con las políticas nacionales y regionales.

Conservación del medio ambiente

Respecto a los aspectos medioambientales, el nuevo texto, además de reforzar algunos elementos incluidos en la normativa anterior, como el uso de los sistemas de gestión ambiental o las certificaciones ambientales, incluye por primera vez la posibilidad de transformar los impactos ambientales en valor económico e incluirlo en el cálculo de los costes de ciclo de vida de las ofertas.

Entre los criterios cualitativos de adjudicación para evaluar la mejor relación calidad-precio se incluyen aspectos medioambientales como el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética, la utilización de energía procedente de fuentes renovables durante la ejecución del contrato y el mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público incluye por primera vez criterios medioambientes y sociales, además de incorporar medidas para aportar mayor transparencia al sector.

Asimismo, la ley exige certificados de gestión ambiental a las empresas licitadoras como condición de solvencia técnica, con el principal objetivo de acreditar el buen trabajo de las compañías adjudicatarias en el ámbito de la protección del medio ambiente.

En aquellos contratos en los que la ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, en la adjudicación se valorarán además condiciones ambientales medibles, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados o de materiales ecológicos.

Derechos laborales

En los temas sociales, además de ampliar la reserva de contratos a empresas de inserción, la última legislación busca favorecer el respecto hacia los derechos humanos, y en especial, hacia los derechos laborales básicos de las personas trabadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo.

Para ello, se introduce la posibilidad de que tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del proceso de producción y comercialización de obras, suministros o servicios.

Asimismo, la nueva ley busca favorecer el acceso de las pymes a la contratación pública, mediante medidas como la simplificación de los trámites, la prescripción de la división en lotes de los contratos o la flexibilización de los requisitos de solvencia para empresas de reciente creación (menos de 5 años).