Tras agradecer el trabajo para la redacción de la ley realizado por el personal  técnico del Gobierno Vasco, agentes sociales y económicos y las aportaciones de las fuerzas políticas, Oregi ha recordado “que la nueva disposición tiene su antecedente en la Ley de 2005 que marcó el punto de inflexión a partir del cual se intensificaron las actuaciones de investigación y recuperación de la calidad del suelo en esta Comunidad Autónoma a un ritmo que se mantiene en la actualidad al alza superando la cifra de 2.000 emplazamientos investigados”.

“La nueva ley conjuga los aspectos técnicos y jurídicos y tiene por objeto la protección  y la prevención de la contaminación del suelo bajo la premisa fundamental de simplificar y reducir las cargas administrativas manteniendo, a su vez, los estrictos estándares de calidad del suelo específicos de esta Comunidad Autónoma” explica la Sailburu Oregi.

La reducción de la intervención administrativa se ha articulado a través de instrumentos diseñados de acuerdo con la clasificación de las actividades potencialmente contaminantes del suelo en función de su capacidad de contaminación, permitiendo graduar las obligaciones relativas al conocimiento y control de la calidad del suelo.

A juicio de Oregi, “la nueva ley delimita aquellos supuestos en los que no será necesario dar inicio a ninguno de los procedimientos regulados en la norma, lo que no será óbice para llevar un control administrativo que permitirá al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma conocer el alcance de las actuaciones y comprobar la adecuación de las mismas a los objetivos en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo”.

Simplificación

“La reducción de la intervención administrativa satisface el interés general de la protección del medio ambiente y la salud de la ciudadanía de nuestro país garantizando la transparencia, la eficiencia, la economía y la eficacia en la actuación de los poderes públicos, elementos estos esenciales de lo que debe ser una buena administración” ha detallado Ana Oregi en la Cámara Vasca.

La ley articula el Inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes y el Registro administrativo de la calidad del suelo. Junto a ellos, las previsiones relativas a la preceptiva información que deberá constar en los Registros de la propiedad permitirán una mayor seguridad jurídica en materia de calidad del suelo a la vez que garantizarán la efectividad del derecho a la información sobre ella.

La participación pública es también otra de las premisas de las que parte la ley ya que mediante “una fluida interrelación público-privada será posible avanzar en un mayor conocimiento de la calidad del suelo que impulse la responsabilidad compartida de la ciudadanía de modo que ésta  se convierta en un agente activo que se involucre en la prevención de la contaminación del suelo y en la recuperación de su calidad”.

La nueva ley obliga a las personas poseedoras y propietarias de suelos a informar de forma inmediata al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma y a los ayuntamientos correspondientes de las afecciones por la presencia de sustancias contaminantes en dichos suelos a fin de que se establezcan las medidas a adoptar y las personas obligadas a ejecutarlas.           

Los municipios deben afianzarse como una fuerza motriz de primer orden en aras a la implantación de la política de calidad del suelo. Por esta razón las entidades locales deben desarrollar -tanto en la prevención de la contaminación como en la reparación de los daños sobre el suelo- medidas preventivas específicas para las actividades susceptibles de contaminar el suelo y su participación en los procedimientos en materia de calidad del suelo.

Colaboración institucional

En consonancia con esta idea, un artículo impulsa la colaboración interinstitucional que permite a los ayuntamientos estar informados del inicio y de la finalización de los procedimientos en materia de calidad del suelo que afecten a sus términos municipales dado que solo habiéndose sustanciado los mismos podrán concederse, entre otras,  las preceptivas licencias municipales que habiliten para la implantación de instalaciones y el desarrollo de actividades. “Se pretende –matiza la Sailburu Oregi- compatibilizar, la prevención y corrección de la contaminación del suelo con la implantación de nuevos usos industriales y de servicios”.

Uno de los aspectos que regula la ley señala que en los emplazamientos en los que se ha desarrollado una actividad de deposición de residuos en los que sea preceptivo o se prevea su sellado, la resolución del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma aprobando la correcta ejecución del sellado y el inicio del periodo posclausura surtirá los efectos de la declaración de calidad del suelo, incluyendo la declaración relativa al uso compatible. El texto establece, en consonancia con el principio de precaución y para emplazamientos que han soportado actividades de deposición de residuos, limitaciones para el uso de vivienda.

Aguas

La ley contempla un mandato al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma para que comunique a la administración hidráulica competente la existencia de evidencias o indicios de contaminación que puedan afectar a las aguas subterráneas, emplazamientos de interés hidrogeológico, al dominio público hidráulico y marítimo-terrestre.

“Con el fin de lograr el consenso entre los diferentes grupos parlamentarios se han modificado algunos planteamientos recogidos en el texto inicial del proyecto de ley introduciendo una nueva disposición adicional por la cual el Gobierno Vasco deberá aprobar una estrategia en relación con la degradación de los suelos como consecuencia de los diferentes factores que son susceptibles de provocarla toda vez que no es la contaminación el único fenómeno capaz de deteriorar la calidad del suelo sino que la erosión, la salinización o la pérdida de biodiversidad constituyen también serias amenazas que es necesario prevenir” especifica Ana Oregi. 

Oregi ha destacado “la positiva incidencia que, como consecuencia tanto desde la perspectiva de ahorro en términos económicos como de simplificación de la intervención administrativa, derivará de la Ley en la mejora de la competitividad de nuestros sectores industrial y de servicios ya que se estima que la entrada en vigor de norma supondrá un ahorro anual para los diferentes agentes públicos y privados afectados por las obligaciones de la norma cercano a los 4.000.000 euros, como consecuencia de la nueva regulación de los procedimientos en materia de calidad del suelo prevista en el proyecto de ley”.

Las medidas de simplificación administrativa conllevarán la reducción de plazos en la tramitación de los expedientes en materia de calidad del suelo facilitando su reutilización y la ejecución de nuevos proyectos de actividad, previa evaluación y recuperación de su calidad con el objetivo de que los usos sobre el suelo se desarrollen de una forma sostenible.